El problema que menciona el comentario de “The Last Chasqui” merece mucha atención de parte de la comunidad arqueológica, pues subraya uno de los problemas recurrentes en la arqueología del Ecuador: la formación y la ética de los profesionales de nuestra disciplina.

Evidentemente, éste no es el lugar para juzgar al individuo involucrado en el comentario, en cambio, lo que si le importa a la comunidad y a los arqueólogos es comprender cómo ha sido posible el haber llegado hasta allí, pues conviene ya tomar las medidas necesarias para que estos hechos no se reproduzcan en el futuro. Ciertamente sería interesante conocer las circunstancias y las razones de la implicación de este individuo en el caso mencionado. Así como a las razones que llevaron a su contratación en el equipo de profesionales que trabajan en el sitio de los últimos descubrimientos Milagro-Quevedo en Guayaquil. Pienso que las autoridades públicas competentes no encontraron nada anormal a esta situación. Esta conducta prueba una vez más, la falta de seriedad y de educación arqueológica por parte de las autoridades encargadas de la protección del patrimonio. La deontologia minimal recomendaría a las autoridades, en temas arqueológicos como en cualquier otro, no contratar a una persona bajo juicio hasta que la Justicia demuestra su inocencia o culpabilidad.

Podemos tratar de comprender las razones que han llevado a los arqueólogos y a los historiadores del arte para acercarse a los coleccionistas privados y obtener así, la posibilidad de estudiar objetos raros o insólitos (envío al lector a los foros sobre estos temas, al artículo de Ernesto Salazar sobre los objetos saqueados y a los diversos artículos de la revista Apachita que hacen referencia a la relación que mantiene el mundo de la arqueología con los coleccionistas). Sin embargo, por ningún motivo se debería, por nuestro trabajo o por nuestro interés en los objetos presentados en las colecciones, jugar el juego de los coleccionistas y de los saqueadores, convirtiéndonos de alguna manera en la garantía (moral o financiera) de estos individuos. Es deplorable constatar que muchos arqueólogos y egresados de la carrera, consideran a la arqueología como cualquier otro tipo de actividad mercantil. Como un simple rédito de la inversión efectuada para obtener el diploma.

No obstante, se debe constatar que se está tocando a la deontología de la profesión (qué cómo todos sabemos, no está definida en un código de conducta) y a las necesidades reales del país. El país no cuenta con un gran número de profesionales que tengan una licencia registrada y validada por el INPC (ya volveremos sobre este tema). Es normal entonces que las autoridades busquen arqueólogos entre los miembros de ese club restringido que se beneficia de los presupuestos de la arqueología contractual, salida de la explotación petrolera. Las pocas universidades que dispone de una formación arqueológica no forman suficientemente a los estudiantes, que por falta de salidas profesionales públicas o universitarias, se vuelve cada vez más al sector privado para ejercer una profesión mal entendida. La arqueología contractual no es una mala practica; son sus fallas que se deben corregir. En un país donde la mayor parte de la arqueología practicada es contractual, no existe una formación profesionalizante y dedicada. Por ende no hay profesionales instruidos, capaces de imponer el punto de vista arqueológico a sus empleadores o a los coleccionistas.

La licencia del INPC, no es dada a los arqueólogos que no hayan presentado títulos universitarios validados y que no hayan pagado algunos dólares para el trámite (i.e. el carné de arqueólogo). La validación de los títulos universitarios se efectúa a través del CONESUP, quien convalida el título a través de una universidad nacional, que dispone de la misma formación o del mismo título académico. Hasta que la presente ley de Educación Superior no entre plenamente en vigencia, la validación se hace previo el pago de una suma importante de dinero, correspondiente al nivel del diploma que se desea convalidar. Para nuestra disciplina, no existe más que una sola licenciatura, con mención en arqueología, en la Universidad Católica del Ecuador (PUCE de Quito). Pero, ¿cómo hacer convalidar un título de doctor, ante el CONESUP cuando este nivel de formación no está aún reconocido por títulos equivalentes en las universidades nacionales? La Universidad Central dio en años pasados una maestría en arqueología y la ESPOL ha comenzado ya su nuevo programa desde este año. Una buena cantidad de investigadores nacionales o extranjeros que ejerce en el país con títulos de tercero cuarto nivel deben contentarse del equivalente de una licenciatura en arqueología, como el que dan las universidades locales (PUCE o ESPOL), y en consecuencia deben pasar por el silencio administrativo el resto de su formación universitaria en el extranjero.

Éstos son algunos puntos que la comunidad arqueológica debería discutir con las universidades, con el CONESUP y con los servicios del Estado respectivos para encontrar soluciones coherentes, que se apliquen para todos. El caso del individuo mencionado por “The Last Chasqui” no es en sí más que un otro ejemplo de los problemas que vive la arqueología en el país. Los colegas de la arqueología, las autoridades estatales y judiciales deben tomar una parte activa en esta discusión. ¿Por qué no ha habido hasta ahora un debate serio sobre este tema? ¿Por qué ninguna instancia colegiada (CPAE, CAALP…) o las autoridades respectivas no se han hecho eco de este tema?