Mediante Decreto #816 del 21 de diciembre del año 2007, el gobierno ecuatoriano puso al Patrimonio Cultural de la Nación en Estado de Emergencia, dotando para este efecto un Capital de Inversión de $37 143 140,12 dólares. Lo calificamos de Capital de Inversión puesto que los fondos sirvieron para financiar la creación de:

1. El Sistema Nacional de Gestión de Bienes Culturales;
2. La dotación de seguridades a los bienes culturales en riesgo; y
3. Una campaña de concientización ciudadana para valorar el patrimonio cultural de la nación.

Las tareas, bajo la dirección de Doris Solís -titular en ese entonces- del Ministerio Coordinador de Patrimonio, fueron efectuadas por la Unidad de Gestión de Patrimonio Cultural. Entre otros logros esta unidad logró levantar el primer inventario nacional de los bienes culturales del país y efectuó un plan de intervención de rescate en varios sitios en riesgo, donde los bienes patrimoniales estaban en grave peligro de desaparecer. Entre 2008 y 2009 la Unidad de Gestión logró registrar más de 80 000 bienes culturales y rescató unos 100 inmuebles patrimoniales que estaban en peligro de colapsar¹. Con estas acciones el Gobierno del Ec. Rafael Correa ha marcado un hito histórico significativo, pues por primera vez en su historia el estado ecuatoriano asume su responsabilidad en la defensa, en el registro y en el estudio del Patrimonio Cultural de la Nación.

Con la nueva titular de Ministerio Coordinador de Patrimonio, se da inicio a la segunda fase de las tareas y responsabilidades asumidas por el Decreto de Emergencia y en el 2010 se transfiere la ejecución de las mismas al Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC). Al término del primer año de la actuación de esta institución gubernamental, conviene hacer un balance concienzudo de su gestión en el campo de la arqueología, pues se estima que la investigación científica, el registro y a la protección de los recursos patrimoniales de carácter arqueológico deben ser el reflejo de un Plan de Manejo coherente, estructurado de acuerdo a las prioridades fijadas por una política integral.

Luego de un año del accionar de esta institución gubernamental se puede decir, sin temor a equivocarse, que en el campo de la arqueología no existe aún un plan de manejo o una política institucional de corto, mediano o largo alcance. Si bien la primera fase del Decreto de Emergencia rindió frutos, el INPC como ejecutor de la segunda fase no puede seguir tratando a los recursos arqueológicos como víctimas dispersas de una emergencia. Luego de un año de haber recibido la información relativa al inventario arqueológico levantado por las instituciones vinculadas a la Unidad de Gestión, el INPC no logra aún sistematizar la información registrada o ponerla en beneficio de la comunidad científica. Los registros reunidos en 32 años de vida institucional y los datos del primer inventario del Decreto de Emergencia debieron haber servido de base para la formulación de una política integral del manejo del patrimonio arqueológico. El conocimiento del estado y de la ubicación los sitios arqueológicos debió fijar las pautas para un plan de manejo basado en la realidad nacional. Sin embargo, esta información elemental no ha sido tomada en cuenta para la formulación de las políticas de investigación, conservación y difusión de los recursos arqueológicos. El instituto en su nueva fase de vida institucional no ha reforzado su potencial de acción en el campo arqueológico. Siendo éste uno de sus principales ámbitos, el INPC no logra todavía definir una política que responda a su vocación institucional.

La supuesta falta de personal calificado y especializado en la materia no debería ser una limitante, pues en el país hay un número suficiente de profesionales, con experiencia y voluntad que podrían haber sido llamados a participar en la elaboración de un Plan de Manejo integral. Bien llevada, esta estrategia no hubiera involucrado un egreso económico al INPC, pues los arqueólogos profesionales son los primeros en sacar provecho de una política institucional clara y coherente. En otras instancias² hemos señalado la necesidad urgente de crear en el seno del INPC un Consejo Nacional de Arqueología, conformado por científicos profesionales y académicos que tengan una verdadera visión del quehacer arqueológico en el país. La intervención de este órgano especializado puede ser un factor decisivo en la formulación de un Política Pública para la investigación arqueológica en el Ecuador.

El balance de las acciones emprendidas por el INPC durante el 2010 debe comenzar con un análisis de la manera en que se planificaron las intervenciones arqueológicas y sobre todo en un examen de los argumentos que se emplearon para fijar los montos destinados a la ejecución de las mismas. A pesar de que la Ley de Transparencia estipula que estos datos deben ser de conocimiento público, la información relacionada con estos temas es bastante escueta y debe ser inferida de lo publicado en los portales electrónicos institucionales y en el llamado SIGOB³.

Luego de la búsqueda y del análisis de esta información parece sustentarse la afirmación de que no existe una verdadera política del manejo del patrimonio arqueológico. La revisión de las actividades realizadas por el INPC en el campo arqueológico en el año 2010 arroja los siguientes datos:

En el campo de la Investigación e Innovación Científica para la Protección del Patrimonio Cultural sobre un total de 52 acciones efectuadas por el INPC, 15 tienen relación con la actividad arqueológica, las mismas que se encuentran enumeradas de la siguiente forma así:

1. Investigación arqueológica en la Tola de Huataviro, Fase II (Imbabura)
9. Investigación del sitio arqueológico Lourdes Macají (Chimborazo)
10. Investigación en el Cerro Puñay (Chimborazo)
11. Mapa arqueológico de Pangua (Cotopaxi)
12.Prospección y Delimitación en el Complejo Arqueológico Té Zulay (Pastaza)
15. Plan de Gestión Participativa del Cerro Jaboncillo-Picoazá (Manabí)
16. Delimitación e Investigación de Jaramijó -Balsamaragua (Manabí)
21. Replanteo de Puntos y Linderos de la Coordillera de Hojas y Area de explotación Minera de los Cantones Portoviejo y Montecristi (Manabí)
22. Investigación arqueológica en Campo Alegre, Isla Puná (Guayas)
26. Evaluación y conceptualización se sitios subacuáticos (Guayas Santa – Elena)
29. Rescate de bienes arqueológicos del Sitio Las Iguanas (Guayas)
33. Investigación arqueológica en la parroquia de Turi (Azuay)
37. Investigación y delimitación del sitio en Limón Indanza (Morona Santiago)
48. Reconocimiento arqueológico del Patrimonio Rupestre en la provincia de Loja, Fase Uno, Cantones: Paltas, Puyango, Célica y Macará; Pautas para la preservación y conservación
49. Diagnostico y prospección del complejo arqueológico Yacubiñay, cantón Atahualpa, provincia de El Oro. Delimitación y zonificación del sitio. Pautas para su conservación y puesta en valor. Etapa uno

En el campo de la Conservación y Uso de Patrimonio únicamente 3 actividades se asocian a la arqueología, pues de las 4 mencionadas, 1 se repite con las del rubro anterior:

26- Conservación de los Paredones de Molleturo, Azuay
27- Conservación de los Paredones de Culebrillas, Cañar
34- Diagnóstico y Prospección del Complejo arqueológico de Yacuviña, Cantón Atahualpa, El oro (sic)
35- Prospección e Investigación Arqueológica de la Zona de Taranza, Llano Grande, Loja

En cuanto a Convenios se refiere a 2 casos tendientes a reforzar el estudio o la conservación arqueológica:

3- Convenio para la conservación de Paredones de Molleturo (Instituto Nacional de Patrimonio Cultural y el Municipio del Cañar; en ejecución)
9- Convenio Específico de Colaboración para llevar a cabo Estudios Arqueológicos en la zona de Jama Coaque (INPC-UNAM)

El examen de estas actividades muestra que cada una se ubica en distintas provincias del país, cosa loable y que manifiesta un esfuerzo por un accionar descentralizado; pero que en realidad obedece al hecho de que la dirección del instituto solicitó a cada una de sus subdirecciones regionales fijarse metas para el Plan Operativo Anual (POA) e incluir actividades relacionadas con el patrimonio arqueológico. Estas acciones se fijaron según el mejor criterio del director regional respectivo. Como no se habían sistematizado los datos del inventario arqueológico nacional, las opciones de intervención surgieron por el conocimiento personal de algún entendido local, por el pedido ciudadano de alguna localidad o simplemente por un acuerdo entre el director y algún investigador interesado. En realidad, no se tomaron en cuenta criterios de prioridad científica (llenar los vacíos en el conocimiento), o criterios de preservación y rescate de los sitios que estaban en serio peligro de desaparecer. Muchas subdirecciones regionales de reciente creación hicieron un esfuerzo encuestando sobre lo que se debería hacer de manera urgente en su región. En otras, las acciones surgieron por alguna necesidad emergente (i.e. intervención en Turi, o la Tola de Huataviro); basta revisar la lista publicada para constatar lo dicho. Al parecer, en ningún caso se consideró la sostenibilidad social o económica de los proyectos, pues una vez terminada la fase inicial, no se estipuló ninguna propuesta de seguimiento o de convenio interinstitucional (i.e. el caso del complejo arqueológico Té Zulay). En definitiva las intervenciones se dieron un poco al azar en cada una de las subdirecciones y en conjunto estas no revelan un plan de acción estructurado o una verdadera política institucional de intervenciones coherentes. En estas condiciones resulta evidente que la Dirección de Patrimonio no ha considerado aún la realidad del patrimonio arqueológico como una entidad sistémica, frágil, que demanda responsabilidades especificas y sobre todo un plan de manejo coherente a corto, mediano y largo alcance. Si bien los recursos arqueológicos están inmersos en el paisaje, su realidad no es meramente bucólica.

Otro aspecto que refleja la falta de una política integral es la manera en que se ejecutan las intervenciones. El INPC, conforme al reglamento que rige para las instituciones estatales, no es el ejecutor directo de la obras, sino que las terceriza mediante las normas y los requerimientos del INCOP. Esto quiere decir que la modalidad de la contratación de profesionales depende de los montos presupuestados para cada intervención. Si el monto no asciende a más de 40 000,00 dólares, se procede a la contratación directa de algún profesional escogido. Si el monto es mayor se llama a un concurso de ofertas, con todos los trámites y garantías que exige la contratación pública. Desgraciadamente en los portales electrónicos institucionales hasta ahora no se publican los montos de la ejecución de cada intervención, pero se puede presumir que en la mayoría de los casos se optó por simplificar el trámite y los contratos salieron por sumas topes de 40 000,00 dólares. Naturalmente, esto tiene implicaciones que inciden en el tipo de intervención que se busca realizar y en el grado de responsabilidad que el instituto está dispuesto a asumir a corto, mediano y largo alcance.

Un factor decisivo en este proceso es quién decide qué y cómo se hacen las intervenciones. En más de un caso los términos de referencia se hicieron sobre la marcha, con las holguras o limitaciones que el presupuesto asignado en el POA regional concedía. La fiscalización de la obra (otro requisito de la contratación pública) es otro aspecto que refleja la política institucional. La intervención arqueológica no se puede (debe) asimilar a la ejecución de una simple obra civil. La investigación arqueológica, cuando es científica y no meramente contractual implica un proceso que se ejecuta en múltiples fases interactivas, pues hay un constante ir y venir en la adquisición y en el uso de los datos que se obtienen a medida en que la investigación avanza. El seguimiento de este tipo de obras debe ser llevado a cabo por un arqueólogo profesional que conoce los procesos y las disyuntivas que se presentan en cada etapa del proceso. No se trata de verificar simplemente que los términos del contrato se hayan cumplido correctamente (i.e. constatación del número de metros cúbicos de tierra removidos, empleo de los jornaleros y materiales adecuados, porcentajes de pruebas de pala positivas y negativas, etc.). El seguimiento arqueológico profesional tiene otros matices, otras exigencias y sobre todo otros criterios de evaluación. No son los arquitectos, los ingenieros o los burócratas de escritorio los que pueden o deben evaluar la calidad de una intervención arqueológica, pues el verdadero resultado de la intervención no es la realización de pozos de prueba, trincheras de exploración o la excavación técnica de una tola. La intervención arqueológica tiene como finalidad última la adquisición de información histórico-social, que no se mide en metros cúbicos o en la rectitud de las paredes de un corte estratigráfico. Quien evalúa la obra es alguien que está en la capacidad de comprender, en su verdadera dimensión, un informe técnico (poco importa que éste sea de avance o final) y de saber elaborar algo con los resultados obtenidos. No se trata simplemente de dar o no su visto bueno, sino de saber utilizar el conocimiento que la intervención arqueológica ha engendrado para la consecución de las metas fijadas en el plan de manejo . El para qué y cómo utilizar la información obtenida es también materia de la política integral que debe definir el instituto como una parte innata de su accionar.

Por último, una parte fundamental de la Política institucional y del Plan de Manejo arqueológico es la visibilidad de los resultados de la intervención. Los informes deben ser puestos a disposición de la comunidad (civil, social científica), pues el conocimiento engendrado le pertenece a la sociedad y no al instituto ejecutor de la obra arqueológica. Desde hace meses se dice que el INPC tiene ya un centro de documentación, donde se depositan los informes técnicos, pero el acceso a este centro no es suficiente. La ejecución de una intervención arqueológica debe tener como finalidad prioritaria la sociabilización del conocimiento adquirido y esto se hace mediante manifestaciones públicas, conferencias y publicaciones de divulgación científica destinadas a todos los segmentos de la sociedad. En el presupuesto asignado a cada obra este rubro debe ser importante y prioritario, ya que la primera responsabilidad del arqueólogo profesional es devolver a la comunidad los saberes recuperados.

Por otro lado, no hay que olvidar que la nueva Constitución Política del país entrega a los municipios el manejo de los recursos patrimoniales existentes en su jurisdicción y con ello descentraliza la gestión real del Patrimonio de la nación. Esta acción es sin duda trascendental, pues da libertad de acción y fija responsabilidades muy concretas a las autoridades seccionales en el campo patrimonial. No obstante, en el país debe regir una política nacional del manejo de los recursos patrimoniales, y sobre todo de los recursos arqueológicos. Por ello resulta impostergable que el INPC, como órgano gubernamental competente, defina claramente las pautas que normen la investigación, el uso y la protección de esos recursos. Como afirma el mismo INPC en el SIGOB “Los gobiernos locales necesitan contar con herramientas para la gestión de sus patrimonios con una mirada holística y sostenible”.

En cuanto al nuevo programa del Ministerio Coordinador, intitulado “VIVE PATRIMONIO”, parece que su finalidad es financiar las acciones de conservación y valoración de los bienes patrimoniales que cada municipio posee y que considera útil proteger. Este plan es muy importante ya que hasta la fecha las autoridades seccionales han descuidado la buena gestión de su patrimonio, pero ¿qué pasa con la investigación? ¿Será qué en los procesos iniciados de conservación que se efectúen en los bienes inmuebles patrimoniales, la investigación histórica o arqueológica necesaria pasará, como hasta ahora, a segundo plano y estará a cargo del arquitecto responsable de la obra civil? En este mismo rubro no se dice nada de la investigación de carácter científico, que se debe hacer en los yacimientos arqueológicos que están dentro de los límites de todos los municipios. Al parecer la investigación arqueológica no está contemplada en el programa Vive Patrimonio, si este es el caso, uno se pregunta con razón ¿qué es lo que se va a valorar y difundir en el campo del patrimonio arqueológico municipal?¿Porqué esta excepción a los vestigios del pasado precolombino? No se debe olvidar que en todos los casos la investigación científica brinda un valor agregado al bien patrimonial, pues más que los edificios en si, lo que importa y lo que es el aspecto inmaterial de todo patrimonio, justamente es el conocimiento histórico social que produce la investigación. En todos los casos, la investigación científica es la acción que le da a un objeto su carácter patrimonial. ¿Será qué el programa Vive Patrimonio asume que es el INPC quien se encargará de la investigación? cuando en la práctica los funcionarios del instituto han afirmado que en el 2011 no se hará investigación, ya que todos los recursos serán empleados exclusivamente en conservación.

En días pasados un grupo de arqueólogos se reunió con el fin de asumir una posición de cambio y formó el denominado Colectivo Ciudadano de Arqueólogos Profesionales del Ecuador. En su asamblea decidió expresar su sentir y redactó una carta abierta al Sr. Presidente Constitucional de la República⁴ en el que se incitaba a las instituciones estatales a considerar al recurso arqueológico patrimonial como lo que es, una fuente estratégica de la identidad cuyo conocimiento adecuado incide directamente en el accionar ciudadano. Por ello se solicita que en el manejo de este importante recurso patrimonial intervengan arqueólogos profesionales responsables.

Los pocos puntos que se anotan en esta evaluación son algunos de los elementos básicos de una reflexión sobre el tratamiento del manejo de los recursos arqueológicos del país que parece que no se han considerado en INPC, pero que deberían ser tomados en cuenta si es que el instituto tiene la voluntad política de comenzar a manejar el patrimonio arqueológico adecuadamente. El accionar del instituto, en su nueva fase institucional depende de ello. No se puede seguir improvisando arbitrariamente el manejo de un valioso recurso no renovable y en constante peligro de destrucción. La necesidad de definir una política nacional y un plan de manejo integral es urgente y no puede ser relegada a la aprobación del proyecto de ley de las Culturas. Si el gobierno de la Revolución Ciudadana se propone marcar una verdadera diferencia con el pasado manejo de los recursos arqueológicos es hora ya de que en el INPC se tomen los pasos adecuados para marcar los cambios.

Notas:

1. Informe Decreto de Emergencia de Patrimonio Cultural, 2008 – 2009, Primera Fase. Ministerio Coordinador de Patrimonio , Quito, 2010
2. La Investigación Arqueológica en el Ecuador. Reflexiones para un debate, Revista del Patrimonio Cultural del Ecuador, 2 : 22.
3. Rubros: INPC - Investigación e Innovación Científica para la Protección del Patrimonio Cultural; INPC - Conservación y Uso de Patrimonio: http://www.sigob.gov.ec/metas/main/consulta/default.asp
4. http://foros.arqueo-ecuatoriana.ec/topic/75/carta-a-la-presidencia-de-la-republica/