Declaración de Guayaquil sobre la arqueología preventiva y de emergencia |
Escrito por Gaëtan Juillard |
Viernes, 10 de Octubre de 2008 19:04 |
LA DECLARACIÓN SOBRE LA ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA Y DE EMERGENCIA
III CONGRESO ECUATORIANO DE ANTROPOLOGÍA Y ARQUEOLOGÍA GUAYAQUIL, ECUADOR, 2008-10-10 Sostenemos que el patrimonio cultural es un bien de utilidad social, cuya custodia es responsabilidad ineludible del Estado. En consecuencia, reiteramos que el Estado, mediante el Sistema Nacional de Cultura, debe ejercer la rectoría en la consecución de dicho objetivo, sin que ello excluya la participación activa de todos los sectores y segmentos de la sociedad, dado que el auténtico propietario de este patrimonio es el Pueblo Ecuatoriano. El patrimonio cultural tiene un carácter excepcional por lo que no debe ser considerado como mercancía ni ser base de actividad de lucro mercantil. Es deber del Estado y un imperativo nacional asumir la obligación de preservar, investigar y difundir el conocimiento del Patrimonio Cultural de la Nación. Considerando que la práctica de la arqueología de contrato ha demostrado ser altamente perjudicial para la integridad y preservación del patrimonio, en la medida en que responde a intereses privados y no colectivos, es urgente que el Estado asuma su plena responsabilidad contenida en la Constitución Política de la Nación. La Arqueología Preventiva y de Emergencia debe tener como finalidad contribuir a la explicación del proceso histórico constitutivo de la Nación con vistas a la transformación de la sociedad ecuatoriana En atención a lo anterior, los arqueólogos y arqueólogas así como antropólogos y antropólogas reunidos en este Congreso, recomendamos enfáticamente:
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Última actualización el Miércoles, 12 de Noviembre de 2008 19:30 |
Comentarios
puedan tener la capacidad negociadora, para que sus trabajos puedan ser publicados o cristalizados en una exhibición permanente de arqueología, debería ser más bien compromiso de la ética de cada uno de los implicados. Espero que el numeral 3 de la declaratoria de Guayaquil, se relaciones con "procedimientos públicos" que busquen cambiar la legislación del patrimonio cultural, para que cuando se autorice una investigación, sea para un EIA o de otra índole, no se la apruebe sino co contiene un compromiso explicito que se proyecte en beneficio de las comunidades involucradas, para lo cual debe existir explicitamente una exigencia por considerar dentro del presupuesto, no solo pago de radiometrías (C14) sino de la divulgación del informe. Tómese el caso del Oleoducto de Crudos Pesados, que hasta la fecha no presenta o se compromete a presentar un informe arqueológico. Podría ser mediante el Colegio de Antropólogos y Linguístas de Quito o del Colegio de Arqueólogos de la Espol, que se presione para eso y muchas otras cosas que estan faltando.