Le Collectif Citoyen d'Archéologues Professionnels de l'Équateur s'est formé le 6 janvier 2011, dans l'intention de faire entendre sa voix tout en proposant une position claire et ferme face aux politiques d'état rattachées à la gestion du patrimoine en cours d'instauration. Cette intention du Collectif s'est manifestée à travers une lettre envoyée à la Présidence de la République avec une copie aux diverses institutions reliées au domaine du patrimoine naturel et culturel. De fait, les archéologues travaillant en Équateur reconnaissons à l'unanimité que le contexte politique actuel est un moment clé, et que la gestion de l'archéologie dans le pays exige des changements radicaux.

Ainsi, lors des réunions qui ont suivi, le Collectif a établi le besoin de définir les lignes directrices d'une "politique institutionnelle publique pour la recherche, la conservation, la protection et la mise en valeur et l'usage social du patrimoine archéologique à l'échelle nationale". La première réunion du collectif a eu lieu dans les installations de l'Institut National du Patrimoine Culturel (INPC) de Quito, tandis que les trois suivantes se sont effectuées dans la salle multimédia du Parc Archéologique Écologique Rumipamba. Pour des raisons diverses, tous les collègues n'ont pas pu assister à cces réunions. Un blog interactif a donc été créé (http://colectivo-ciudadano.arqueo-ecuatoriana.ec/), afin que les chercheurs ne pouvant participer aux rencontres soient au courant des progrès et puissent s'exprimer sur les résultats obtenus dans les espaces prévus à cet effet. La mise en page de ce blog s'est ainsi voulue intuitive en vue de faciliter la participation du public.

La dernière réunion du Collectif a eu lieu le 11 août dernier, lors du Colloque International "Archéologie Régionale en Amazonie Occidentale : thématiques, résultats et politiques", soutenu par le Plan "SOS Patrimonio", le Ministère de la Culture, le Ministère de Coordination du Patrimoine Naturel et Culturel, l'Institut de Recherche pour le Développement (IRD), l'Institut Français d'Études Andines (IFEA), et l'Ambassade de France en Équateur. À cette occasion, le Collectif a présenté son document de travail et avancé le besoin de conclure son projet de politique archéologique, dont nous présentons le texte ci-dessous :

Declaración de principios:

De acuerdo al artículo 1 de la Carta Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico (preparada por el Comité Internacional para la Gestión del Patrimonio Arqueológico [ICAHM], y adoptada por la Asamblea General del ICOMOS en Lausana en 1990), “el patrimonio arqueológico representa la parte de nuestro patrimonio material para la cual los métodos de la arqueología nos proporcionan la información básica. Engloba todas las huellas de la existencia del hombre y se refiere a los lugares donde se ha practicado cualquier tipo de actividad humana, a las estructuras y los vestigios abandonados de cualquier índole, tanto en la superficie, como enterrados, o bajo las aguas, así como al material relacionado con los mismos”.

La finalidad general de la arqueología es el conocimiento histórico de los pueblos, mediante el estudio de  este recurso no renovable, más precisamente a través del rastreo de actividades pasadas (históricas o anteriores al uso de la escritura). Se subrayan las palabras “conocimiento histórico”, pues el propósito de todo trabajo arqueológico es indagar sobre el comportamiento humano de épocas en donde las prácticas culturales se registraban esencialmente en la memoria colectiva, a través de los relatos, ritos y saberes ancestrales transmitidos de generación en generación, y materializados en los vestigios.

Por ende, al hablar de fijar las políticas de investigación arqueológica se debe entender la construcción de las líneas conceptuales de acción que normen el estudio arqueológico, concebido como la práctica científica que se ejecuta con la finalidad de indagar diversos aspectos de la historia antigua. La investigación arqueológica parte de la recuperación y estudio detallado de los restos de cultura material que se encuentran (o no) inmersos dentro de un paisaje cultural, y comprende el establecimiento puntual de las múltiples asociaciones que forman los contextos arqueológicos, pues en ellos se encuentran las pautas para la inferencia del conocimiento histórico-social.

Las políticas de investigación deben surgir de la necesidad de llevar a cabo procesos coherentes del estudio de los recursos arqueológicos existentes en el territorio nacional.  Las políticas de investigación deben incluir además la gestión a corto, mediano y largo alcance de los recursos arqueológicos recuperados, de manera a poder estudiarlos, conservarlos y difundirlos adecuadamente, para que éstos puedan ser puestos en valor y revestir un uso social. Sólo así se justifica la alteración (y a veces la destrucción) de los recursos patrimoniales, pues el conocimiento histórico-social es la esencia y el único producto verdaderamente provechoso de la investigación  arqueológica.

La construcción de políticas de investigación arqueológica no es una prerrogativa del estado, sino que debe nacer de la comunidad, consciente del significado del patrimonio arqueológico y de su importancia en todos los procesos de recuperación de la memoria social de un pueblo plurinacional y multicultural. Por ello, el Colectivo Ciudadano de Arqueólogos tiene la obligación de contribuir al señalamiento de los principios básicos y de las consideraciones científicas que deben ser razonadas al momento de crear las políticas de investigación.

Tomando en cuenta su rol a nivel identitario y la fragilidad de su material de estudio, la práctica arqueológica implica una fuerte responsabilidad social, por lo que se asocia a un marco deontológico específico.

La institucionalidad atraviesa todos y cada uno de los aspectos del quehacer arqueológico. Es responsabilidad del Estado conocer, proteger, conservar y difundir el Patrimonio arqueológico del país. De acuerdo a la reglamentación vigente, el INPC es el organismo encargado de dictar y de reforzar la política del manejo de los recursos arqueológicos, cosa que en la práctica ha sido su mayor debilidad.

En este sentido, el Colectivo Ciudadano de Arqueólogos Profesionales del Ecuador se propone “definir una política institucional pública para la formación académica, la investigación, conservación, difusión/divulgación y puesta en valor con uso social  del patrimonio arqueológico a nivel nacional”. Esta política debe ser previa a la definición de cualquier tipo de plan de manejo del patrimonio arqueológico, al optimizar cada uno de sus componentes.

Se esbozará primeramente un diagnóstico general de la situación actual de la arqueología del país, antes de enunciar los objetivos que esta política busca implementar, objetivos que se dividen en cuatro aspectos fundamentales: investigación, conservación, difusión/divulgación y puesta en valor con uso social. Cada uno de estos aspectos será desarrollado a través de un diagnóstico específico, así como la presentación de las metas correspondientes y de los actores involucrados en su cumplimiento.

El Diagnóstico General

Conocer la realidad social actual del Ecuador es esencial antes de poder hablar del recurso arqueológico como tal. Este diagnóstico deberá tomar en cuenta esta realidad, la cual explica en parte la destrucción sistemática a la que ha sido sometida el registro arqueológico del país (por ejemplo: la huaquería y el tráfico ilícito como consecuencias tanto de la pobreza como de la codicia de los traficantes, las realidades del mundo rural…).

Se deberá incluir una perspectiva histórica de la práctica arqueológica en el país, de cara a evaluar su desempeño actual. No se trata de descalificar o juzgar lo que se ha hecho anteriormente, sino más bien de tenerlo en claro, con el propósito de elaborar una propuesta viable en base a los aciertos y desaciertos del pasado. Esta perspectiva deberá evocar la débil institucionalidad estatal en materia de gestión de los bienes arqueológicos, la dispersión de la definición y ejecución de iniciativas en este ámbito, la debilidad en la aplicación de las leyes y reglamentos, la ausencia de política pública para la investigación arqueológica, así como la falta de recursos.

La debilidad académica (o falta de formación arqueológica- antropológica), la orientación deficiente de la arqueología de rescate (impacto ambiental) tal como se la maneja en la actualidad, la ausencia de planificación y de resultados que den contenido a los procesos histórico-culturales, así como la ausencia de una política de sensibilización de las poblaciones asociadas directamente a territorios arqueológicos que han limitado los procesos de apropiación pero sin generar una conciencia frente a estos recursos, son aspectos adicionales que deberán ser considerados en este diagnóstico.

En lo que se refiere al estado de los recursos arqueológicos del país como tales, habrá que mencionar desde luego el inventario que se levantó a raíz del Decreto 816 de Emergencia Patrimonial, el cual evidencia el estado de vulnerabilidad y desprotección de los recursos arqueológicos en el país, y la urgencia de generar y consolidar  una política pública de investigación arqueológica.

Los objetivos

Formación académica

Problemáticas, causas, potencialidades (diagnóstico puntual)

Existe una mitificación social de la arqueología, a menudo asociada en el imaginario colectivo al ámbito de la búsqueda de tesoros o de aventura extrema, totalmente antagónico a una fuente de ingresos estable, lo cual desacredita esta profesión en el ámbito de las aspiraciones universitarias.

Los programas escolares y colegiales difunden una visión obsoleta e inadecuada de la arqueología, basada en una presentación “tipologizada” de las culturas precolombinas, que no toma en cuenta las interrelaciones y los procesos que las vincularon entre ellas. Realidad que a su vez desvalora a la arqueología como disciplina y desemboca de igual  manera en un desinterés por la carrera.

La oferta de carreras universitarias en arqueología es prácticamente inexistente en el Ecuador (actualmente una sola universidad ofrece cursos básicos a nivel de licenciatura [PUCE], y otra efectúa un programa de maestría abierto a todo público, sin necesidad de una licenciatura en arqueología [ESPOL], por lo que la cantidad de profesores potenciales es muy baja).

A pesar de cierto progreso en ese sentido, la arqueología sigue siendo una profesión “elitista”, al alcance de quienes tienen/tuvieron la posibilidad de estudiar en Quito, Guayaquil, o en el extranjero. Como resultado, los arqueólogos formados son pocos, y existe una fuerte desigualdad académica entre ellos, realidad particularmente palpable en las llamadas “fiscalizaciones” de proyectos llevadas a cabo por las entidades culturales, en que a menudo un Licenciado (en el mejor de los casos) evalúa a un PhD. Idealmente, los arqueólogos de las entidades estatales deberían ser Másters o Phd como mínimo.

A su vez, la escasez de arqueólogos y de ofertas de formación en arqueología variadas y económicamente asequibles, genera una multitud incontrolada de personal no calificado o con un entrenamiento técnico mínimo (“para-arqueólogos” de diversos niveles), que pueden tanto aportar como perjudicar al patrimonio arqueológico.

Lineamientos

La arqueología no es un mito; atañe a un aspecto fundamental de la nación, a saber, el conocimiento de su pasado y por consiguiente, de su identidad. Por lo tanto, debe recibir una atención especial en la educación básica y ser incentivada a nivel universitario. El patrimonio arqueológico es frágil y no-renovable: debe ser estudiado de forma responsable, por especialistas adecuadamente preparados.

Metas y actores involucrados

Comprometer a los arqueólogos a generar congresos y talleres en colegios y universidades sobre la información que producen, de manera a informar a la sociedad sobre lo que realmente es la arqueología y por lo tanto, contribuir a desmitificar los estereotipos existentes sobre la profesión, incentivando así a los estudiantes a seguir la carrera. Actores involucrados: arqueólogos y académicos en las ciencias históricas y antropológicas.

Redefinir los contenidos de los programas escolares y colegiales que atañen a temas arqueológicos. Actores involucrados: Comité Científico (ver apartado siguiente –Investigación-), Ministerio de Educación.

Definir planes y programas para que el Estado instaure la formación completa y multi-disciplinaria en arqueología en las universidades estatales, a través de la apertura de carreras que tengan los recursos necesarios y cierta distribución geográfica; con este propósito, se podría realizar previamente algún tipo de “encuesta” sobre las regiones en donde el implemento de una carrera de arqueología sería más factible. Se insiste en el punto de la repartición geográfica de la enseñanza arqueológica: cada región del Ecuador cuenta con un rico patrimonio arqueológico, y requiere a su vez conocer y construir sus procesos identitarios en base a él. Actores involucrados: entidades culturales, autoridades de educación superior, Comité Científico [definición de pénsums universitarios].

Asegurar acciones conjuntas entre las entidades educativas a cargo de la formación arqueológica y los diversos ministerios relacionados con el patrimonio y la cultura (Ministerio de Educación, Ministerio de Cultura, Ministerio Coordinador de Patrimonio Natural y Cultural, Ministerio de Turismo, Instituto Nacional de Patrimonio Cultural). Actores involucrados: arqueólogos, entidades culturales, autoridades de educación superior, Comité Científico [definición de pénsums universitarios].

Contribuir en procesos de capacitación para el buen manejo y puesta en valor de los recursos patrimoniales arqueológicos, de manera especial a los GAD’S, de acuerdo al artículo 264 numeral octavo de la Constitución de la República, así como al artículo 144 de la de ley del COTAD

Definir y regular la práctica arqueológica (reconocimiento y reglamentación de actividades de los “para-arqueólogos”, pasantes, estudiantes egresados, tesistas etc.). Actores involucrados: Ministerio de Cultura, entidades culturales, arqueólogos, Comité Científico.

Capacitar a los técnicos en arqueología y a los funcionarios que trabajan directa o indirectamente con el patrimonio arqueológico (empleados municipales por ejemplo), a través de cursos y talleres. Actores involucrados: Comité Científico, Ministerios de Cultura y de Coordinación de Patrimonio, entidades culturales, CECAP (Centro Ecuatoriano de Capacitación Artesanal).

Investigación

El Estado tiene la obligación de desarrollar la investigación arqueológica.

Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual):

En el contexto actual, la investigación se vuelve secundaria frente a los famosos “planes de manejo” y a la visión del patrimonio arqueológico como fuente de rédito turístico. Sin embargo, ningún plan de manejo o turístico puede ser sustentable sin un respaldo investigativo (científico) eficiente.

Actualmente, no hay ninguna coherencia en la práctica arqueológica tal como se la está llevando a cabo oficialmente en el país: cada investigador trabaja de manera aislada, sin ninguna visión de conjunto o política investigativa oficial. No hay ninguna continuidad entre los diversos proyectos arqueológicos que se están realizando en el Ecuador, y menos aún, una visión de las prioridades que debería proyectarse en la práctica arqueológica en sí (por ejemplo: la necesidad urgente de completar cotidianamente el inventario arqueológico o de replantear el cuadro de periodización vigente…).

El acceso a la información generada por los proyectos arqueológicos “oficiales” ejecutados por los colegas es problemática, lo cual no contribuye al flujo necesario de la información y peor aún, a la interacción necesaria entre arqueólogos.

Hoy en día, las investigaciones arqueológicas son gestionadas a partir del INCOP y su portal de Compras Públicas. No obstante, la investigación arqueológica NO es un servicio mercantil ni obra de ingeniería pública. EL PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO Y SU INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA NO SON UNA MERCANCIA QUE SE NEGOCIA AL MEJOR POSTOR; EXIJEN MAS BIEN UNA ESPECIALIZACIÓN EN PROBLEMÁTICAS ESPÉCIFICAS QUE NO ESTÁ AL ALCANCE DE TODOS LOS PROFESIONALES.  Por ende, no tiene su lugar en el mercado de la oferta y la demanda. En calidad de disciplina científica, se rige a parámetros distintos que pueden ser obstaculizados e inclusive desfigurados al ser incluidos en las ofertas de sistemas pertenecientes a otros ámbitos, tales como el de “Compras Públicas”.

La práctica arqueológica está actualmente sujetada a las fluctuaciones administrativas de las diversas entidades que la manejan, cuando debería ser lo contrario: la arqueología en cuanto a disciplina científica tiene prioridades, parámetros y criterios definidos, los cuales deben ser acatados por las entidades que se relacionan con el patrimonio arqueológico, independientemente de los cambios administrativos o políticos.

Lineamientos

El arqueólogo es ante todo un científico social. La finalidad de la investigación es el conocimiento del pasado, de la identidad ancestral y del manejo histórico de los recursos existentes en un territorio delimitado. (Definición de lo que es la investigación arqueológica: ¿qué comprende?, ¿quiénes intervienen en ella?, ¿cómo se hace?, ¿para qué?, ¿para quiénes?, ¿quién la evalúa?).

Si bien existen distinciones en torno a las variantes que puede revestir la práctica arqueológica de acuerdo a sus fuentes de financiamiento y/o metodologías (arqueología pública, privada, o de rescate), la arqueología es una sola. La definición de los parámetros específicos que atañen a cada una de las diversas manifestaciones del quehacer arqueológico es materia de reglamentos, los cuales deben respetar los enunciados explicitados en la presente política (ejemplo: acatar el enfoque regional que exige una investigación arqueológica adecuada en los proyectos de arqueología de contrato. Restringir una excavación a un espacio definido por una obra de infraestructura moderna mutila totalmente la interpretación de huellas materiales producidas en un espacio cultural completamente ajeno a la realización de dicha obra).

Así, la importancia del dato que lleva al conocimiento es tal, que en todos los casos se debe aplicar el mismo esfuerzo económico y el mismo rigor científico en la obtención de la información arqueológica. Los métodos, los procedimientos y las finalidades son los mismos en todas las intervenciones de carácter arqueológico, por lo que los trabajos deberán necesariamente ser la responsabilidad exclusiva de un equipo de profesionales, dotados de los conocimientos académicos que aseguren la aplicación de los procedimientos adecuados. Toda intervención deberá contar con la presencia continua de por lo menos un arqueólogo académicamente titulado que garantice el rigor y la calidad científica de los trabajos.

Metas y actores involucrados

Crear un comité científico (académico) que defina las políticas, las zonas y los temas prioritarios que deben ser tratados a nivel nacional por la práctica arqueológica en materia de investigación. Este comité deberá asegurar la calidad de las investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en el país y el profesionalismo/experiencia de quienes las realizan. (Actores involucrados: arqueólogos profesionales y una participación puntual de la máxima autoridad/  Ministro del ramo).

Proponer una inclusión de la práctica arqueológica investigativa en el Sistema de Compras Públicas respetuosa de la deontología de la disciplina (Actores involucrados: arqueólogos profesionales, institucionalidad del Estado).

Elaborar cotidianamente el inventario general de los recursos arqueológicos del país. Éste es un proceso continuo que se debe ir  incrementando en la medida en que el conocimiento y el reconocimiento avanzan, pero el inventario  sólo es un medio (un instrumento de gestión y de planificación), y no puede convertirse en una finalidad.

El inventario existente se nutre de tres maneras:

A) por la investigación arqueológica sistemática.

B) por los datos generados en el transcurso de la obra pública o privada al provocar ésta movimientos de tierra intencionales proclives a revelar vestigios arqueológicos. En este caso la ley prevé la obligación de efectuar un estudio profesional previo, preventivo, que registre los bienes existentes y un seguimiento continuo que asegure el posible registro y protección de los vestigios eventuales.

C)  por la información producida de forma fortuita: trabajos de agricultura, desvío de ríos, exploraciones de zonas desconocidas, etc. En todos estos casos el descubrimiento se da de forma no intencional y por ello, no existe el deber legal de realizar un estudio previo. En todos los casos hay, no obstante, la obligación de suministrar los datos pertinentes al INPC (o su equivalente seccional) para que se actualice el inventario. (Actores involucrados: arqueólogos profesionales, comité científico, institucionalidad del Estado y seccional/municipal).

Conservación

El Estado tiene la obligación de conservar el patrimonio arqueológico.

Problemáticas, causas, potencialidades (diagnóstico puntual)

Existe una falta de criterio en la intervención de sitios arqueológicos (monumentales especialmente): muchas de estas intervenciones no incluyen un proceso adecuado de investigación que integre el componente “conservación”, el cual debe forzosamente acompañar la excavación como tal y/o un tratamiento/almacenamiento/procesamiento adecuados del material recuperado. Si un sitio no puede ser mantenido, es mejor no someterlo a excavaciones en área/taparlo/no intervenirlo.

Existe una falta de coordinación entre arqueólogos y conservadores en el país.

En algunos casos, la ignorancia/desinterés de las comunidades poseedoras de bienes arqueológicos fragiliza al patrimonio arqueológico frente a las amenazas naturales o antropogénicas (huaquería, tráfico ilícito etc.).

La huaquería particularmente es una práctica altamente destructiva de los sitios arqueológicos: en general, los huaqueros no tapan los huecos, por lo que, a más de la destrucción inmediata a las que son sometidos, los contextos –o lo que queda de ellos-, quedan expuestos a factores destructivos de todo tipo.

Lineamientos

En calidad de componente frágil y no-renovable de la identidad del país, el patrimonio arqueológico merece protección, respeto y un trato especializado específicamente acorde a su naturaleza, el cual debe sujetarse a los principios científicos propios de conservación de los bienes arqueológicos.

Metas y actores involucrados

Incluir obligatoriamente criterios de conservación en el planteamiento de proyectos arqueológicos. Actores involucrados: entidades culturales, arqueólogos.

Desarrollar la especialización universitaria en conservación de bienes arqueológicos. Actores involucrados: Comité Científico, autoridades educación superior.

Favorecer la coordinación entre arqueólogos y conservadores (Comité Científico, entidades culturales, arqueólogos, conservadores).

Concientizar a las comunidades locales sobre los peligros que amenazan al patrimonio arqueológico y la forma de protegerlos. LAS COMUNIDADES SON LA MEJOR “POLICÍA PATRIMONIAL”… Actores involucrados: arqueólogos, comunidades locales.

Integrar a los huaqueros al quehacer arqueológico a través de una adecuada capacitación/concientización. Actores involucrados: arqueólogos, huaqueros.

Difusión y divulgación

El Estado tiene la obligación de difundir y divulgar el conocimiento arqueológico.

Problemáticas, causas, potencialidades (diagnóstico puntual)

Se producen casos en que el campo de estudio es casi considerado por el arqueólogo como propiedad privada (“mi” sitio), cuando éste y la información generada pertenecen legalmente al Estado; por ende, hay despreocupación en cumplir con la obligación de dar a conocer los trabajos. Si bien no es fácil publicar en el país, en la era digital, está al alcance de todos dar a conocer sus trabajos mediante cd’s, blogs etc. Desde luego, corresponde a cada investigador proteger la información divulgada y difundida de acuerdo a lo estipulado por la Ley de Propiedad Intelectual.

No existe una coordinación permanente entre los arqueólogos y los demás segmentos de la sociedad (medios de comunicación, docentes primarios/secundarios/universitarios, ministerios de educación, patrimonio, turismo, etc). Siendo así, la información que estos medios comunican a la sociedad sobre temas arqueológicos es muchas veces desactualizada/deformada/incompleta/incorrecta/irresponsable (especialmente sobre temas relacionados a la huaquería en este último caso).

En los museos – vínculos predilectos entre la sociedad y la investigación –, los guiones están a menudos desactualizados, no llaman la atención del público (son elitistas y “aburren”), con lo cual se desinteresa a la comunidad del quehacer arqueológico y sus implicaciones.

Los arqueólogos desaprovechan los diversos espacios culturales actualmente existentes para divulgar los resultados de su trabajo (radios, prensa, eventos organizados por las entidades culturales, portales de internet).

Debido a estas deficiencias, la sociedad no está al tanto de lo que hacen los arqueólogos. La arqueología sigue siendo percibida como una ciencia “oculta”, algo fantástica, que a lo mucho evocará para la mayoría de gente la imagen de tesoros, de Indiana Jones o de “huesos viejos”.

Por ende, la arqueología no se ve como una disciplina esencial dentro de la cultura y las autoridades no se preocupan por invertir en proyectos arqueológicos ni en proteger el patrimonio arqueológico de los riesgos que lo amenazan (círculo vicioso).

Lineamientos

La arqueología es parte del fundamento identitario del país; el patrimonio arqueológico es propiedad del Estado. Como consecuencia, es obligación deontológica del arqueólogo difundir lo que hace y encuentra, y de las autoridades, exigirle y ayudarle a que lo haga.

Metas y actores involucrados

Incluir obligatoriamente en las propuestas de proyectos arqueológicos un rubro de difusión y divulgación de los resultados de los estudios mediante soportes digitales (cd’s, publicación de los informes en las páginas web de las autoridades culturales y educativas, difusión a museos, medios de comunicación, autoridades locales – en este caso en un lenguaje claro y entendible para el público no -familiarizado con la disciplina arqueológica). Actores involucrados: investigadores, autoridades culturales y educativas, seccionales, medios de comunicación.

Actualizar los guiones de los museos y trabajar en volverlos más atractivos y dinámicos. Actores involucrados: investigadores, autoridades culturales, seccionales (turismo), museólogos, museógrafos, comunidades.

Controlar que tanto el proceso de difusión / divulgación de las investigaciones como el de actualización constante de los museos sea llevado a cabo de forma satisfactoria. Actores involucrados: comité científico, autoridades seccionales.

Puesta en valor con uso social

El Estado tiene la obligación de poner en valor y dar un uso social al conocimiento arqueológico.

Problemáticas, Causas, Potencialidades (diagnóstico puntual)

El imaginario colectivo equipara a menudo arqueología y turismo, mutilando así notoriamente los alcances de la investigación arqueológica. En efecto, como se vio en el apartado anterior, el turismo ayuda a la divulgación de la información arqueológica, componente esencial de la disciplina, pero ciertamente no el primero ni el único.

Los procesos actuales de reconstrucción identitarias carecen de un sólido respaldo histórico o científico, debido a que la coordinación entre los órganos socio-políticos involucrados en estos procesos y los científicos es prácticamente inexistente.

La práctica arqueológica está a menudo completamente desligada de la realidad social de las áreas de estudio.

Lineamientos

La práctica arqueológica va de la mano con la concientización de la sociedad sobre el quehacer arqueológico y de la importancia del conocimiento histórico ancestral.

La función social de la práctica arqueológica atañe al respeto de las comunidades con las que el investigador se relaciona en el transcurso de sus proyectos.

De acuerdo a las Normas de Quito definidas en 1967 por los Gobiernos de América para la conservación y utilización del patrimonio monumental, y más precisamente al capítulo sexto de este documento sobre LA PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL:

“1. El término “puesta en valor”, que tiende a hacerse cada día más frecuente entre los expertos, adquiere en el momento americano una especial aplicación. Si algo caracteriza este momento es, precisamente, la urgente necesidad de utilizar al máximo el caudal de sus recursos y es evidente que entre los mismos figura el patrimonio monumental de las naciones.

2. Poner en valor un bien histórico o artístico equivale a habilitarlo de las condiciones objetivas y ambientales que, sin desvirtuar su naturaleza, resalten sus características y permitan su óptimo aprovechamiento. La puesta en valor debe entenderse que se realiza en función de un fin trascendente que en el caso de Iberoamérica sería contribuir al desarrollo económico de la región.

3. En otras palabras, se trata de incorporar a un potencial económico, un valor actual; de poner en productividad una riqueza inexplotada mediante un proceso de revalorización que lejos de mermar su significación puramente histórica o artística, la acrecienta, pasándola del dominio exclusivo de minorías eruditas al conocimiento y disfrute de mayorías populares.

4. En síntesis, la puesta en valor del patrimonio monumental y artístico implica una acción sistemática, eminentemente técnica, dirigida a utilizar todos y cada uno de esos bienes conforme a su naturaleza, destacando y exaltando sus características y méritos hasta colocarlos en condiciones de cumplir a plenitud la nueva función a que están destinados.

5. Precisa destacar que, en alguna medida, el área de emplazamiento de una construcción de principal interés resulta comprometida por razón de vecindad inmediata al monumento, lo que equivale a decir que, de cierta manera, pasará a formar parte del mismo una vez que haya sido puesto en valor. Las normas proteccionistas y los planes de revalorización tienen que extenderse, pues, a todo el ámbito propio del monumento.

6. De otra parte, la puesta en valor de un monumento ejerce una beneficiosa acción refleja sobre el perímetro urbano en que éste se halla emplazado y aún desborda esa área inmediata, extendiendo sus efectos a zonas más distantes. Ese incremento del valor real de un bien por acción refleja constituye una forma de plusvalía que ha de tomarse en cuenta.

7. Es evidente que en la medida que un monumento atrae la atención del visitante, aumentará la demanda de comerciantes interesados en instalar establecimientos apropiados a su sombra protectora. Esa es otra consecuencia previsible de la puesta en valor e implica la previa adopción de medidas reguladoras que, al propio tiempo que faciliten y estimulen la iniciativa privada, impidan la desnaturalización del lugar y la pérdida de las primordiales finalidades que se persiguen.

8. De lo expuesto se desprende que la diversidad de monumentos y edificaciones de marcado interés histórico y artístico ubicados dentro del núcleo de valor ambiental, se relacionan entre si y ejercen un efecto multiplicador sobre el resto del área que resultaría revalorizada en conjunto como consecuencia de un plan de puesta en valor y de saneamiento de sus principales construcciones”.

Por otra parte, según el glosario oficial de la UNESCO relativo al patrimonio inmaterial (http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=es&pg=00055), “los usos sociales conforman la vida de cada día y los miembros de la comunidad están familiarizados con ellos, aunque no todos participen los mismos. La Convención de 2003 privilegia los usos sociales específicos que están especialmente vinculados a una comunidad y contribuyen a reforzar su sentimiento de identidad y continuidad con el pasado. Por ejemplo, en muchas comunidades los actos de salutación y felicitación son informales, pero en otras son más sofisticados y rituales por constituir un rasgo de identidad social. De modo análogo, los intercambios de obsequios pueden ser actos comunes y corrientes, o revestir un carácter formal y un importante significado político, económico o social. Los usos sociales, rituales y acontecimientos festivos revisten formas extraordinariamente variadas: ritos de culto y transición; ceremonias con motivo de nacimientos, desposorios y funerales; juramentos de lealtad; sistemas jurídicos consuetudinarios; juegos y deportes tradicionales, ceremonias de parentesco y allegamiento ritual; modos de asentamiento; tradiciones culinarias; ceremonias estacionales; usos reservados a hombres o mujeres; prácticas de caza, pesca y de recolección, etc. Estas abarcan también una amplia gama de expresiones y elementos materiales: gestos y palabras particulares, recitaciones, cantos o danzas, indumentaria específica, procesiones, sacrificios de animales y comidas especiales.

(…)

Muchas comunidades han registrado una participación creciente de turistas en sus acontecimientos festivos y, aunque esa participación pueda tener aspectos positivos, las festividades sufren a menudo las mismas consecuencias que las artes tradicionales del espectáculo. La viabilidad de los usos sociales y los rituales, y en particular la de los acontecimientos festivos, puede depender también en gran medida del contexto socioeconómico general. Los preparativos, la confección de disfraces y máscaras y los gastos con los participantes suelen ser muy caros, y en momentos de crisis económica no siempre se pueden costear.

Para asegurar la continuidad de los usos sociales, rituales o acontecimientos festivos es preciso movilizar a un gran número de personas, así como a las instituciones y mecanismos sociales, políticos y jurídicos de la sociedad. Sin dejar de respetar los usos tradicionales que puedan circunscribir la participación a determinados grupos, puede ser conveniente a veces alentar la máxima participación posible del público en general. En algunos casos puede ser necesario adoptar medidas jurídicas y oficiales que garanticen el derecho de acceso de las comunidades a sus lugares sagrados, objetos o recursos naturales imprescindibles para la práctica de los usos sociales, rituales o acontecimientos festivos correspondientes”.

En definitiva, la puesta en valor de un bien o recurso arqueológico es el proceso a través del cual éste llega a ser apreciado por la colectividad, al ser considerado como propio o fundamental desde el punto de vista cultural, identitario, social, científico, turístico, etc. Este proceso involucra a la práctica arqueológica en todos sus aspectos (especialmente aquellos relacionados con la conservación, la divulgación), pero cobra sentido únicamente dentro de una interacción permanente entre el investigador y la sociedad (especialmente las comunidades de las áreas de estudio implicadas). Éstas son las que –en último término, y a raíz de la interacción con los científicos-, definirán el uso social de su patrimonio, es decir, el sentido identitario, cultural o eventualmente económico del mismo.

Es obligación del arqueólogo asegurar esta interacción desde el inicio del proceso investigativo hasta su culminación. En efecto, la sociedad es la encargada de dar sentido y perpetuar los resultados del trabajo arqueológico.

Metas y actores involucrados

Asegurar que el manejo de los sitios no sea función exclusiva de las comunidades y organismo locales, sino que incluya también  la participación de arqueólogos y tenga una repercusión nacional.

Incluir obligatoriamente en los diseños de proyectos estrategias que aseguren la participación de las comunidades dentro del proceso investigativo, desde el diseño de los estudios hasta la difusión de sus resultados, pasando por cada una de las etapas de su ejecución. Desde luego, iniciativas de este tipo deberán tomar en cuenta la realidad de cada sitio (actores involucrados: arqueólogos, entidades culturales, comunidades).

Pensar los museos desde el punto de vista de la educación antes que del turismo (actores involucrados: arqueólogos, museólogos, museógrafos, comunidades).

Promover proyectos de educación patrimonial participativos, con la finalidad de contribuir a la apropiación de los sitios arqueológicos por parte de las comunidades (actores involucrados: arqueólogos, entidades culturales y educativas, comunidades).

Diseñar los proyectos conjuntamente con las autoridades seccionales, lo cual, en última instancia, permitirá al arqueólogo inmiscuirse de forma eficiente en la realidad social de su área de estudio, y contribuir a que la investigación sea un aporte concreto a las diversas necesidades sociales de las comunidades involucradas (actores involucrados: arqueólogos, entidades culturales, gobiernos seccionales).